Una medida que generó mucha controversia en la opinión pública
El Gobierno nacional oficializó este lunes que destinará $1.000 millones (mil millones de pesos) para mejorar el acceso a las clases de los presos a través de internet. Se trata del programa de «Conectividad para el Servicio Penitenciario Federal (SPF)», creado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con el objetivo de “lograr una integración social efectiva y crear un proyecto de vida propio, coadyuvando a la obtención de resultados positivos de reinserción” de los internos.
Los fondos no saldrán del Presupuesto Nacional, sino del “Fondo Fiduciario del Servicio Universal”, previsto en la normativa que regula el funcionamiento del Enacom. La decisión, a pedido de la interventora del organismo que se ocupa de las cárceles nacionales y federales, María Laura Garrigós, fue adoptada mediante la Resolución 2183/2021 y firmada por el titular el Enacom, Claudio Ambrosini.
El flamante programa busca “priorizar la reducción de la brecha digital a través del impulso de programas y proyectos de conectividad en la República Argentina que posibiliten el acceso equitativo, asequible y de calidad” a las nuevas tecnologías de comunicación. “La finalidad de los programas de tratamiento es lograr que las personas privadas de la libertad adquieran pautas de conducta y herramientas para su reinserción en la sociedad”, explica la resolución en sus fundamentos.
En ese contexto, la intervención del Servicio Penitenciario explicó que “cuenta hoy en día con establecimientos y organismos emplazados en diferentes espacios geográficos del país, que fueron construidos en distintos momentos históricos y con diferentes realidades sociales, y que en ningún caso previeron en su desarrollo inicial la instalación y funcionamiento las tecnologías de las comunicaciones vigentes”.
El SPF puso de manifiesto “cierto atraso tecnológico, amén de las adecuaciones en el plano de la seguridad, en cuanto al acceso a la educación, el trabajo, la salud, la asistencia social, el contacto con familiares y allegados a través de plataformas virtuales de las personas privadas de la libertad”. “La educación en contexto de encierro es una herramienta que permite a los internos fijarse objetivos concretos para lograr una integración social efectiva y crear un proyecto de vida propio; coadyuvando a la obtención de resultados positivos de reinserción”, explica la resolución.
“En este contexto, la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones resulta clave a los fines de lograr los objetivos desarrollados” y dar un “salto cualitativo, que permitirá generar un acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones, promover el acceso a las tecnologías de la información y favorecer los procesos de formación digital y el acceso a un servicio de salud más eficiente de las personas privadas de la libertad”, concluye el documento oficial.
La brecha digital durante la pandemia
A raíz de la pandemia de coronavirus, quedó en evidencia la brecha digital en la Argentina. Tanto por falta de dispositivos en los hogares como por ausencia de dispositivos de conexión. Esto llevó a que miles y miles de estudiantes de todos los niveles de enseñanza se quedaran sin un vínculo directo con la escuela.
Desde el Gobierno de Alberto Fernández admitieron esta carencia en el sistema educativo nacional, pero también sumaron críticas a la herencia de Mauricio Macri, a quien responsabilizaron de dicha brecha por la falta de inversión en el sector y por la interrupción del Programa Conectar Igualdad, devenido en el Juana Manso durante la gestión del ahora exministro Nicolás Trotta.
Fuente: El Intransigente