La eventual presentación y sanción de la norma en la Legislatura eliminará una práctica desregulada que genera ingresos adicionales al salario oficial de los titulares de los juzgados.
Una propuesta legislativa buscará impedir a los jueces de Paz la posibilidad de celebrar casamientos en cualquier lugar y, fundamentalmente, con cualquier tarifa. En ese proyecto trabajan tanto el Ministerio de Gobierno y Justicia del Poder Ejecutivo como la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
La eventual presentación y sanción de la norma en la Legislatura eliminará una práctica desregulada que genera ingresos adicionales al salario oficial de los titulares de los juzgados.
Esta prestación quedó enredada en la polémica luego de que trascendiera que tres jueces de Paz habían sido denunciados por intervenir en bodas fuera de la provincia. Esas acusaciones transitan por un momento crítico en la comisión de Juicio Político del Poder Legislativo.
El texto fue elaborado en la cartera a cargo del ministro Regino Amado con la participación de la secretaria y legisladora electa Carolina Vargas Aignasse, y de la directora del Registro del Estado Civil y la Capacidad de las Personas, Carolina Bidegorry.
El borrador pasó a conocimiento de la Corte por medio de la vocalía de Daniel Leiva, quien se ocupó de pulir algunos aspectos. Si no hay contramarchas ni objeciones, los jueces de Paz perderán el control del dinero que exigían discrecionalmente por casar fuera de sus despachos, y que generaba desembolsos en efectivo que no dejaban rastros y estaban exentos de controles.
El Poder Ejecutivo y la Corte no sólo pretenden bancarizar los importes que los contrayentes deben pagar, sino también establecer una tarifa fija. Al menos hasta mayo, el servicio del casamiento a domicilio costaba entre $2.000 y $ 6.000: estos montos surgen de consultas a jueces de Paz, fuentes judiciales, organizadores de casamientos, y hasta novios que estaban por dar el “sí” o acababan de hacerlo.
$ 6.000 es el tope de la tarifa que exigían los jueces de Paz por casar a domicilio, según una consulta de mayo. La regulación en debate estipula que el Poder Ejecutivo establecerá un “arancel especial”. El Gobierno y la Corte precisarán el destino de los montos que recauden en virtud de este servicio, que también podrá ser prestado por el Registro Civil.
El proyecto deja así abierta la posibilidad de que los agentes reciban algún tipo de reconocimiento económico por trabajar fuera de las horas hábiles y de sus oficinas. Distintas fuentes explicaron, por un lado, que esta contraprestación es usual en otras provincias y, por el otro, que si el servicio fuese gratuito, nadie querría prestarlo.
El proyecto también terminaría con las dudas que genera el hecho de que los jueces de Paz actúan fuera de su territorio al estatuir que será competente para la celebración del matrimonio el oficial público que corresponda al domicilio de cualquiera de los contrayentes, según el documento nacional de identidad.
Otro cambio relevante es la obligación de pedir permiso -en forma previa- para sacar los libros a la Dirección General del Registro Civil.
Los vacíos normativos relativos a la boda a domicilio y las anomalías detectadas durante el semestre pasado llevaron a la cancelación de compromisos, y a un aumento de la formalización de enlaces en las dependencias confiadas a Bidegorry.
El 23 de mayo, la directora había manifestado que sólo una ley podía reducir la discrecionalidad existente en Tucumán. En Salta, por ejemplo, los matrimonios fuera del Registro Civil están sometidos a un cuadro tarifario general que fija el Poder Ejecutivo; los celebrantes son escogidos mediante concursos; el 50% del dinero recaudado entra al Estado y los contrayentes reciben comprobantes oficiales por los importes que abonan.